Sigue generando desconfianza el cambio de registradores

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En los últimos días ha crecido la zozobra de muchos colombianos sobre la transparencia de las próximas elecciones, pues varias acciones que viene realizando el Registrador Nacional Alexander Vega, hace que se presente la duda de si se estará gestando un próximo fraude electoral.
Recordemos que el pasado 14 de febrero Camilo Enciso director del Instituto Anticorrupción, denunció por medio de su columna “Fraude a la Vista” que un funcionario de la Registraduría General de la Nación, encargado del área de talento humano, hizo una presentación en la que le dijo a los supernumerarios que si querían quedarse trabajando en la Registraduría dependían en buena medida de “su amistad, su conexión política o su recomendación”, y afirmó que la condición más importante es el dinero. Esto sucedió casi ocho días después de que según Noticias Uno, el Registrador Nacional

“le pidió la renuncia protocolaria a todos los registradores departamentales, auxiliares y especiales, lo que le permitiría nombrar a dedo a los encargados de dirigir el operativo electoral del próximo marzo”.

Por supuesto el jefe de prensa de Vega dijo que no existía tal solicitud de renuncias sino unos traslados por las próximas elecciones. Pero, en respuesta a un derecho de petición, la oficina jurídica de la Registraduría confirmó que 66 funcionarios presentaron la renuncia pedida por Vega, lo que confirma tal jugada.
Adicionalmente, está la incertidumbre de un dudoso contrato para el conteo de votos de las próximas elecciones que, según Pilar Sáenz, coordinadora de proyectos de la Fundación Karisma, se adjudicó por 27 mil millones de pesos en 22 días, incluyendo festivos y feriados.
Lo preocupante del caso es que “termina siendo una contratación a dedo” según Sáenz, dado a que se desconocen las condiciones en las que se realizó el contrato, ya que la única empresa que se presentó fue INDRA, una empresa privada española.
Paradójicamente la Registraduría ha argumentado que la adquisición del software se da por una sentencia del consejo de estado, que establece que las herramientas tecnológicas para las elecciones deben ser públicas, pero para este 2022 el conteo de los votos estará a cargo de dos empresas privadas y extranjeras; por tal razón organizaciones como la MOE y la Fundación Karisma advierten que es poco transparente que estas empresas manejen los resultados sin que nadie los vigile.

Por: Karen Guerra